El curso político está a punto de terminar y, a pocas horas de que se celebre una sesión plenaria clave en el Congreso, el Gobierno no tiene claro si aprobará todos sus exámenes finales. En el extensísimo Pleno de este martes, que se celebrará exactamente un año después de las elecciones generales de julio de 2023, la Cámara Baja intentará dejar zanjados hasta nueve asuntos. Y el Ejecutivo se enfrenta al riesgo de que no salgan adelante tres iniciativas de máxima importancia: la nueva prórroga del decreto de medidas económicas para hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania, la senda de déficit —los cimientos para construir los Presupuestos Generales del Estado de 2025— y la reforma de la ley de extranjería para afrontar la crisis de refugiados de Canarias.
Presumiblemente, el Pleno que se celebrará este martes será el último hasta el mes de septiembre, y por eso la Cámara Baja va a intentar dejar zanjados el mayor número posible de temas. Lo previsto es que la sesión, que comienza a las 10 de la mañana, se alargue hasta última hora de la tarde, aunque hay bastantes iniciativas que tienen asegurado que saldrán adelante. El Congreso, por ejemplo, enviará al Senado para su aprobación definitiva la reforma judicial pactada por PSOE y PP, y elegirá a los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le corresponden, también a raíz del acuerdo bipartidista. Las leyes de bomberos y agentes forestales también serán remitidas a la Cámara Alta, y casi con toda seguridad la ley de paridad será aprobada definitivamente.
Por el contrario, entre el resto de los asuntos que se debatirán y votarán este martes hay tres que corren serio peligro de no reunir los apoyos suficientes para ser aprobados, lo cual supondría un importante varapalo para un Gobierno necesitado de oxígeno parlamentario. La ya mencionada reforma de la ley de extranjería es la que peor pinta tiene para el Ejecutivo, puesto que el PP comunicó a la Moncloa durante el fin de semana que votará en contra de una modificación para establecer un sistema que obligaría a las comunidades autónomas a asumir una parte de los menores migrantes que ahora mismo se hacinan en los centros de acogida de Canarias.
El PSOE, de hecho, ya tenía asumido este lunes que la toma en consideración para empezar a debatir la reforma no saldrá adelante. El rechazo del PP se suma al de Junts, imprescindible si los populares no apoyan la reforma pero que ya dejó claro hace días que votará en contra si no se excluye expresamente a Cataluña de la obligación de acoger a estos niños y adolescentes. Los argumentos de ambos son similares: los populares aseguran que la norma —impulsada por PSOE, Sumar y también Coalición Canaria, con quien gobierna el PP en esa comunidad— "se basa en la imposición y no en el diálogo" y pedía, entre otras cosas, mayor control de las fronteras y más fondos del Gobierno central, mientras los independentistas catalanes dicen que acoger a más menores de edad extranjeros "todavía tensiona más a Cataluña" y exigían sacar a su comunidad del reparto.
Las medidas anticrisis y la senda de déficit
A diferencia de la reforma de la ley de extranjería, condenada a decaer salvo sorpresa de última hora, no está claro cuál será el resultado de la votación de las otras dos iniciativas que el Gobierno pelea por sacar adelante. La primera de ellas, el decreto anticrisis, ha ido sumando un goteo de apoyos en los últimos días: primero fue EH Bildu quien confirmó que votaría a favor, y este lunes fuentes del PNV también aseguraban que su partido no sería un obstáculo para que el decreto —que incluye medidas como la prohibición de cortar los suministros básicos a familias vulnerables o la bajada del IVA del aceite de oliva hasta fin de año— saliera adelante.
Quien no ha confirmado el sentido de su voto son ERC y Junts, inmersos en su ya habitual pugna por escenificar que presionan al Gobierno que, paradójicamente, ambos sustentan en el Congreso. Y tampoco lo ha hecho Podemos, aunque en el caso de los morados sus reivindicaciones son claras: apoyarán la convalidación del decreto siempre y cuando el Ejecutivo se comprometa a eliminar el recorte que contiene en el bono social eléctrico mediante el cual las familias vulnerables y las vulnerables severas se benefician de un 65% y un 80%, respectivamente, de descuento en el recibo de la luz. Fuentes de Podemos se limitaban a explicar este lunes que las negociaciones seguían en marcha.
Pese a lo ajustado de los tiempos y de los números —el Gobierno no se puede permitir perder el apoyo de ninguno de sus socios si quiere que el decreto salga adelante—, fuentes de la Moncloa se mostraban este lunes tranquilas y confiadas en que el texto será finalmente convalidado este martes en el Congreso. Y lo mismo ocurre con la tercera de las iniciativas que están en el alambre: la senda de déficit, la primera piedra de los Presupuestos de 2025, sin cuya aprobación el Ejecutivo vería como mínimo retrasada la elaboración de las cuentas del año que viene pero al que los socios aún no han confirmado que vayan a dar luz verde.
El límite que el Gobierno se ha autoimpuesto para los Presupuestos del año que viene quedó fijado la semana pasada en 195.353 millones de euros descontando los fondos europeos, que están comprometidos a proyectos concretos. Un nuevo récord —ya van seis consecutivos—, pero que implica un alza moderada del 3,2% (6.138 millones más) frente al límite que se aprobó para las cuentas de 2024 que no llegaron a ver la luz. De hecho, el aumento del gasto apenas bate la inflación prevista para este año, por lo que, en términos reales, el gasto estará prácticamente congelado este año.
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